Indígenas de Arantepacua protagonizaron una jornada de violencia en Morelia, donde incendiaron al menos cuatro camiones y agredieron con cohetes las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en el marco de una movilización para exigir justicia por la muerte de cuatro comuneros ocurrida en abril de 2017 durante un operativo policial.
Las acciones comenzaron alrededor de las 10:30 horas, cuando los manifestantes tomaron por la fuerza e incendiaron un camión de la empresa BIMBO sobre la autopista Morelia–Lázaro Cárdenas, a la altura del municipio de Salvador Escalante.
Protestas escalan en Morelia; incendian camión repartidor de agua y bloquean vialidad frente a la Fiscalía
Posteriormente, el contingente se trasladó en autobuses hacia el Libramiento Poniente de la capital michoacana, donde atacó la sede de la fiscalía con cohetes, piedras y palos. En ese mismo punto, también fueron incendiadas unidades de empresas de agua y refrescos que previamente habían sido retenidas por los manifestantes.
La movilización continuó por la avenida Siervo de la Nación, donde los comuneros causaron daños en la fachada de la delegación del Infonavit. Más adelante, sobre avenida Periodismo, realizaron pintas y destrozos en una empresa de paquetería, además de incendiar otro camión.
Durante su avance por avenida Madero Poniente, los manifestantes prendieron fuego a una camioneta de reparto y a una motocicleta de la Guardia Civil. También se reportó el robo de una patrulla de esta corporación, así como agresiones a una unidad de la Secretaría de Agricultura del gobierno federal.
Se prevé que la movilización continúe hacia el Palacio de Justicia “José María Morelos”, sede del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, donde no se descartan nuevos actos vandálicos.
Ante este escenario, el gobierno estatal, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, implementó medidas de seguridad en el Centro Histórico, colocando vallas en el acceso principal del Palacio de Gobierno para prevenir posibles afectaciones.
¿Cómo se originó el conflicto en Arantepacua en 2017?
El conflicto en Arantepacua se originó a inicios de 2017 por una disputa agraria con la comunidad de Capácuaro. Aunque la Secretaría de Gobierno de Michoacán impulsó mesas de diálogo, la situación se agravó tras la intervención de fuerzas de seguridad.
El 4 de abril de ese año, policías estatales detuvieron a 38 representantes de la comunidad, lo que provocó la reacción de los comuneros, quienes realizaron bloqueos carreteros en la zona de Zirahuén mediante la retención de vehículos.
Al día siguiente, el 5 de abril de 2017, el gobierno estatal, encabezado entonces por Silvano Aureoles, desplegó un operativo policial en la comunidad. La intervención dejó un saldo de cuatro personas fallecidas, además de denuncias por detenciones arbitrarias, tortura y cateos ilegales.
En 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que durante ese operativo la policía estatal hizo uso excesivo, ilegal y desproporcionado de la fuerza.
En la recomendación *42VG/2020 , el organismo pidió al gobierno estatal ofrecer una disculpa pública, reparar integralmente el daño a las víctimas e iniciar procedimientos legales contra los responsables en la cadena de mando.
La Recomendación 42VG/2020 es un documento emitido por la CNDH de México sobre violaciones graves a derechos humanos ocurridas los días 4 y 5 de abril de 2017 en la comunidad de Arantepacua, Michoacán.
El pasado 27 de marzo, un juez giró una orden de aprehensión contra Aureoles por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura relacionados con estos hechos.
