El exgobernador Carlos Joaquín, con ayuda de la pasada XVI Legislatura, se «cubrió las espaldas» y fabricó su propio «blindaje de impunidad» con el que se ha retrasado el proceso de entrega-recepción de la actual administración, permitiendo al exmandatario quintanarroense y a sus colaboradores librar acciones de tipo administrativo y hasta penal por irregularidades observadas durante su gestión.
Así lo reconoció la titular de la Secretaría de la Contraloría (Secoes), Reyna Arceo Rosado, al comparecer ante la Comisión Anticorrupción de la XVII Legislatura, como parte de la ampliación de la glosa del Primer Informe de la gobernadora Mara Lezama.
La funcionaria dijo a las diputadas y diputados que ya se han presentado denuncias contra la pasada administración, por irregularidades detectadas en las Secretarías de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Secretaría de Obras Públicas (SEOP), entre otras dependencias.
Sin embargo, explicó que los procesos avanzan muy lentamente debido a reformas a la Ley de Entrega Recepción que fueron aprobadas por la XVI Legislatura en noviembre de 2021, lo que está alargando todo el proceso.
Estas reformas, sostuvo, impiden avanzar con rapidez en el proceso de deslinde de responsabilidades por las irregularidades observadas en el desempeño de la función pública.
Por ello, consideró que la actual legislatura debe revisar la Ley de Entrega-Recepción, ya que aseguró que las reformar pueden permitir la impunidad, porque no permiten a la Contraloría realizar adecuada y rápidamente la confronta de los actos de verificación, dando ventaja a los exfuncionarios observados.
De igual manera, dijo que un 70 por ciento de los exfuncionarios «joaquinistas» ya comparecieron ante la Contraloría para subsanar las observaciones realizadas, pero, en caso de que no queden subsanadas debidamente, se interpondrán las sanciones administrativas y hasta podrían llegar a denuncias de tipo penal.
