La empresa Calica ha logrado una suspensión provisional en su contra en relación con nuevos actos de inspección ordenados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en su zona de explotación. Esta medida cautelar fue otorgada en el marco del juicio de amparo indirecto 806/2023, resuelto por el Juzgado Segundo de Distrito.
La Profepa realizó una nueva inspección en el predio La Rosita en julio pasado, el cual había estado clausurado desde el primer semestre de 2022. La filial de Vulcan, empresa matriz de Calica, interpuso una demanda de amparo contra esta orden y acta de inspección (PFPA/4.1/2C.27.5/024/2023). Inicialmente, el órgano jurisdiccional rechazó la acción legal.
Sin embargo, el 29 de septiembre, el expediente refleja que la demanda de amparo fue finalmente admitida, y se concedió una medida cautelar a favor de la empresa transnacional. Esta suspensión provisional marca un hito en los procesos legales en curso contra el gobierno mexicano.
Calica no se conforma con la suspensión provisional y ha presentado una impugnación con la esperanza de que se retire por completo la clausura en La Rosita. Para ello, ha tramitado un recurso de queja que, en caso de ser aceptado, será resuelto por un Tribunal Colegiado de Circuito en Cancún.
La empresa Calica continúa su lucha legal contra las medidas sancionadoras impuestas por el gobierno federal a través de la Profepa, incluyendo la clausura de los predios La Rosita y El Corchalito, ubicados a unos 10 kilómetros al sur de Playa del Carmen. Durante más de dos décadas, Calica extrajo material pétreo en estos predios para ser exportado a Estados Unidos.
Además de los litigios en el ámbito nacional, Calica también está persiguiendo un proceso de derecho internacional que se encuentra bajo la jurisdicción del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Argumenta que los actos en su contra comenzaron en 2018, antes de la conclusión de la administración de Enrique Peña Nieto.
A pesar de los juicios en curso, el gobierno de México ha presentado impugnaciones alegando que Calica violó la legislación ambiental durante muchos años. En una conferencia mañanera, el presidente señaló que habrá una decisión legal por parte de su gobierno antes de que termine su mandato, especialmente en relación con la adquisición de dos mil hectáreas de banco de arena en Quintana Roo, sobre las cuales no ha habido acuerdos con la empresa.
