Bloquean carretera federal Tihosuco-Mérida

Ejidatarios de por lo menos 3 ejidos bloquearon de manera parcial la carretera federal Tihosuco-Mérida, quienes reclaman el incumplimiento en la indemnización de 131 hectáreas expropiadas hace más de 50 años para la construcción de la Vía Corta a Mérida.

Participan comuneros de las comunidades Tihosuco, Tepich y Graciano Sánchez (La Pantera), quienes aseguran que se mantendrán con este bloqueo hasta que las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transportes (SICT) les respondan con el pago de sus tierras.

Los ejidatarios aprovecharon imponer un peaje irregular a los automovilistas, a quienes les piden una “cuota” de 50 pesos a cambio de dejarlos pasar.

Fue el 22 de noviembre de 2022 cuando estos ejidos se manifestaron en exigencia del pago, donde acordaron iniciar una mesa de negociación con las autoridades federales, la cual se dio en enero del presente año.

El 13 de enero los ejidatarios bloquearon la carretera por más de 6 horas y, unos días después, la SICT se comprometió a darles 27.4 millones de pesos como adelanto.

Luego les dijeron que, a más tardar el 28 de febrero, se definiría la cantidad faltante y la forma de pago.

Al incumplirles este acuerdo, los ejidatarios tomaron la decisión de retomar el bloqueo parcial de la carretera, por lo que este día colocaron troncos y piedras, además de una manta en la que exigen la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien piden cumplir con este compromiso adquirido durante una visita a Tihosuco el 3 de mayo del 2022.

Después acordaron construir “una caseta de peaje”, para recuperar algo de lo que la SICT ha obtenido durante tantos años con el usufructo tras la expropiación de la carretera.

Hace más de 50 años la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) expropió 131 hectáreas para construir esta vía, pero hasta ahora no se ha concretado la indemnización y eso es justamente lo que reclaman.

Mientras el Gobierno Federal propone 160 mil pesos por hectárea, los 809 comuneros exigen un millón.

Está en proceso una segunda valuación de parte del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).