Mientras la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) cerraba el expediente del megaproyecto Perfect Day de Royal Caribbean en Mahahual, al mismo tiempo autorizó la “reconstrucción del muelle Casa Bacalar”, empleando madera de chicozapote en la Zona Federal Marítimo Terrestre de la Laguna de Los Siete Colores, como parte de la construcción de la Casa de Descanso y Retiro para Militares.
La autorización, en modalidad condicionada, fue emitida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) tras revisar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la propia Sedena, a través del Agrupamiento de Ingenieros «Felipe Ángeles».
El proyecto consiste en la reconstrucción total de un muelle antiguo ubicado en la ribera de la laguna. La propuesta técnica contempla sustituir todos los elementos deteriorados utilizando madera de chicozapote (Manilkara zapota) en la estructura principal y Acero Inoxidable T-316 en las fijaciones. Ambos materiales seleccionados por su durabilidad y menor impacto en entornos acuáticos.
Además de la plataforma central, la obra incluye la remodelación de la plataforma terminal, dos palapas laterales de 9.50 m x 10.00 m con una altura máxima de cumbrera de 5.25 metros, una palapa central de 2.05 m x 4.10 m con 2.95 m de altura, y una superficie de rodamiento o deck de tablones de madera con separación de cuatro centímetros entre sí.
Según la descripción técnica del proyecto, esta “holgura” es un criterio clave de diseño ambiental, ya que permite la entrada de luz solar en la columna de agua (evitando la zona de sombra total que afecta la fotosíntesis bentónica) y facilita el drenaje pluvial inmediato.
El contraste con Perfect Day Mahahual
En diciembre de 2025, Royal Caribbean presentó su Manifestación de Impacto Ambiental sobre el parque acuático en Mahahual. El 9 de marzo de 2026, la DGIRA notificó un oficio de prevención para requerir información adicional. La empresa no logró subsanar los pendientes.
Durante la revisión técnica, la autoridad identificó 33 impactos ambientales sin medidas para mitigarlos, prevenirlos ni compensarlos. Entre los más graves estaba la presencia de vegetación de manglar dentro del polígono del proyecto, posibles incumplimientos a la NOM-022-SEMARNAT-2003 sobre protección de manglares, riesgos de alteración al balance hidrológico del acuífero y ausencia de análisis suficientes sobre posibles afectaciones a ecosistemas arrecifales dentro de la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano. A eso se sumó una consulta pública que generó 14 mil 411 comentarios ciudadanos, además de observaciones de organizaciones civiles.
Asimismo, los ambientalistas lanzaron una petición en Change.org que en pocos días recaudó más de 4 millones de firms.
El 13 de mayo de 2026, la DGIRA desechó la solicitud del Beach Club Perfect Day. Seis días después, el 19 de mayo, la empresa promovente presentó formalmente el desistimiento de todo el proyecto. Ese mismo día, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, anunció que no se aprobaría el proyecto.
En cambio, proyecto de la Sedena siguió un camino distinto. Su MIA presentó los criterios técnicos y ambientales que justificaron la elección de materiales y el diseño del muelle, y la DGIRA emitió la autorización condicionada.
La laguna que está en el centro del debate
La Laguna de los Siete Colores no es un espejo de agua cualquiera. Bacalar es uno de los cuerpos de agua más sensibles del sur de Quintana Roo, con una cadena ecológica que incluye estromatolitos, uno de los organismos vivos más antiguos del planeta, además de vegetación ribereña y fauna acuática que dependen de la calidad del agua y de la incidencia solar en la columna líquida.
Precisamente por eso, el diseño técnico del muelle de la Sedena incorpora la separación entre tablones, para evitar que la estructura bloquee la luz que alimenta los procesos fotosintéticos en el fondo de la laguna.
La autorización es condicionada, lo que significa que la Sedena deberá cumplir con las medidas, condicionantes y términos establecidos en la resolución administrativa de la DGIRA para que la obra pueda ejecutarse conforme a lo planteado en la MIA.
Hasta el momento, ni la Sedena ni la Semarnat han emitido comunicados adicionales sobre el avance de las obras o el calendario de inicio de la reconstrucción del muelle.
Rechazo masivo al proyecto
La autorización del muelle llega con un largo historial de conflicto a cuestas. La Sedena comenzó las remodelaciones en el inmueble en enero de 2025, pero fue en marzo cuando la población se percató de lo que ocurría, porque una maquinaria pesada empezó a dragar la laguna, por lo que iniciaron movilizaciones y protestas bajo la consigna «No delante del fuerte».
A la primera marcha se sumaron más de cien personas y los vecinos reunieron más de cinco mil firmas en contra de la obra. Incluso, en determinado momento, formaron una cadena humana para frenar el avance de la maquinaria.
Ante la presión ciudadana, la Semarnat publicó el 1 de abril de 2025 que había otorgado a la Sedena una exención de la Manifestación de Impacto Ambiental, argumentando que solo se trataría de una remodelación. La comunidad no lo aceptó y escaló al terreno legal.
Un total de 23 niñas, niños y adolescentes de Bacalar, acompañados por el Instituto Federal de Defensoría Pública, promovieron un amparo que logró suspensión provisional de las obras. El juez argumentó que la construcción en la zona federal podría causar daños irreversibles al ecosistema y violaba derechos fundamentales de la infancia reconocidos en la Constitución y en el Acuerdo de Escazú. En total se interpusieron tres amparos. La revista Proceso documentó que los constructores militares ejecutaron actividades de dragado en la ribera donde se pusieron en riesgo los estromatolitos, una de las formas de vida más antiguas del planeta.
Las suspensiones fueron retiradas en noviembre de 2025 por los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación, quienes dieron luz verde al Ejército para continuar la construcción. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito recibió en febrero de 2026 un recurso de revisión, pero se prevé que la resolución podría tardar varios meses. Vecinos y organizaciones ambientalistas anunciaron que continuarán movilizándose y promoviendo recursos legales, argumentando que el derecho a un medio ambiente sano es colectivo y debe prevalecer sobre decisiones administrativas o militar
