Once diputados locales de Chihuahua presentaron ante la Cámara de Diputados federal una demanda de juicio político contra la gobernadora Maru Campos, este martes, acusándola de presuntas violaciones constitucionales por la participación de cuatro agentes de la Central Intelligence Agency (CIA) en un operativo de seguridad realizado en la Sierra Tarahumara la madrugada del 19 de abril.
De acuerdo con el documento presentado por los legisladores, se plantean dos imputaciones; la primera por acción directa, si se comprueba que la gobernadora solicitó, autorizó u ocultó la participación de los agentes extranjeros a espaldas del gobierno federal.
La segunda es por omisión, si, aún sin saberlo, se comprueba que su administración carecía de controles institucionales suficientes.
En todo caso, se resume que el actuar de agentes extranjeros en los operativos en la Sierra del Pinar habrían comprometido la soberanía y la seguridad nacional.
La denuncia ingresó a la Secretaría General de San Lázaro a las 9:51 horas de este martes, confirmó Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados. La ratificación está programada para el viernes 29 de mayo.
Rechaza defensa los señalamientos
El abogado Roberto Gil Zuarth, defensor de la chihuahuense, calificó el proceso como persecución política y acusó un «hostigamiento procesal», pues aunque la funcionaria fue convocada como testigo, se le advirtió acudir acompañada de un defensor.
Asimismo, el litigante advirtió que prepararon una denuncia penal contra el personal de la Fiscalía que elaboró el comunicado, alegando que Campos, en calidad de gobernadora, goza de fuero y la ley impide al Ministerio Público abrir un procedimiento de esa naturaleza contra un funcionario protegido.
Comparecerá este martes ante a FGR
La gobernadora Maru Campos está citada a comparecer este miércoles 27 de mayo ante la Fiscalía General del Estado. Fue convocada en calidad de testigo para declarar sobre la cadena de mando de los servidores públicos que participaron en el operativo.
Asimismo fue citado el exfiscal César Jáuregui Moreno, quien renunció al cargo el 27 de abril.
Aunque Campos aseguró que acataría las disposiciones de la autoridad, cuestionó que al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no se le haya pedido (hasta ese entonces) comparecer también, pese a los señalamientos de Estados Unidos, que lo vinculaban con Los Chapitos.
Ese mismo día, más tarde, fueron citados Rocha Moya y Enrique Inzunza, quienes comparecieron este lunes.
