Puerto Morelos

Denuncian a Laura Fernández y a sus exfuncionarios por irregularidades en la función pública y corrupción

Presentan denuncias en contra de la exalcaldesa Laura Fernández Piña, actual candidata a la gubernatura de Quintana Roo por la coalición PAN-PRD-CQ, que incluyen a funcionarios de lo que fue su administración por Puerto Morelos y estas son por probable peculado, defraudación a regímenes del IMSS, negligencia, desempeño irregular de funciones y uso indebido del poder


En rueda de prensa, la alcaldesa Blanca Merari, acompañada de su Cabildo, funcionarios y abogados, presentó las irregularidades que se encontraron en la pasada administración y las tres denuncias correspondientes que se han hecho hasta ahora.

Las denuncias han sido interpuestas lo mismo ante las Fiscalías General de la República (FGR) y a las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Corrupción federal y estatal en contra de Fernández Piña; y Ana Luisa Betancourt, quien se desempeñó como encargada de despacho, mientras la alcaldesa hacia campaña para diputada federal.

Otras denuncias más son contra Eligio Sierra, extesorero; Raymundo Martínez, excontralor; Héctor Alcaraz, exOficial mayor; Josué Arjona, exsubsecretario de asuntos jurídicos; y Antonio Velázquez, exsecretario de Obras y Servicios Públicos.

Fernández Piña gobernó desde 2016 hasta 2021, debido a su reelección en 2018, pero el año pasado contendió y fue electa diputada federal, para luego renunciar a su militancia en enero de 2022 en busca de la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo por el PRD.

Los actos que se le atribuyen a ella y a funcionarios de su administración, se tradujeron en una deuda heredada al nuevo gobierno municipal Blanca Merari Tziu Muñoz, quien además advierte que, si le llega a pasar algo a sus hijas, su familia o a alguien de su equipo, así como a ella, estas serían adjudicadas a los ex funcionarios denunciados, inclusive a Laura Fernández, ya que aceptó existe temor de ello.

La alcaldesa cuantificó el golpe económico en más de 503 millones de pesos, por impagos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por 89 millones de pesos; al Sistema de Administración Tributaria (SAT) federal y estatal, por 18 y 39 millones de pesos, por impago de ISR e ISN; y por 37 millones de pesos en deuda con proveedores particulares.

Además, se anexan obras públicas por 33 millones y una nómina inflada del capítulo mil por 246 millones de pesos para este año, por más de mil 200 trabajadores, de los cuales muchos no se presentaban a laborar.

A ese monto se suma otra deuda, a 20 años, por poco más de 830 millones de pesos, por la firma de dos contratos –presuntamente irregulares– por la contratación de dos proyectos bajo la figura de Asociación Público Privada (APP), que comprometen al 48 por ciento las participaciones federales que el municipio debe recibir en las próximas dos décadas.

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