Quintana Roo

Presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso de Q.Roo rechaza la propuesta de cobrar permisos a repartidores

Tras darse a conocer la propuesta del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), mediante la cual pretende cobrar un permiso a los transportistas que trabajan como repartidores y diligencieros, la diputada Erika Castillo Acosta, presidenta de la Comisión de Movilidad en la XVI Legislatura, se pronunció en contra tras señalar que la medida no tiene un fundamento claro, además que causará una afectación a las familias que dependen de este sector.

Asimismo, la legisladora sostuvo que este cobro impactaría de manera negativa a la economía familiar en general, pues quienes prestan estos servicios se verían en la necesidad de aumentar sus costos para solventar el pago del permiso.

La diputada local expuso que, a raíz del confinamiento a causa de la pandemia del COVID-19, la demanda en el servicio de los repartidores o diligencieros creció de manera considerable, sobre todo por plataformas digitales y aplicaciones de mensajería instantánea, siendo solicitado por personas de todos los estratos sociales, desde estudiantes, madres solteras, adultos mayores hasta profesionistas y desempleados.

Añadió que, debido a su bajo costo y a las medidas de confinamiento, este servicio tuvo un crecimiento exponencial en el estado, ya que la ciudadanía vio en esta modalidad una medida eficaz para evitar salir de sus casas y cuidar su salud.

Erika Castillo se dijo sorprendida por el anuncio del Imoveqroo, organismo que dio a conocer la pretensión de cobrar un tipo de permiso a cada ciudadano que se dedique a este trabajo, lo cual aseguró que es contrario a los objetivos de los tres niveles para recuperar el empleo y reactivar la economía en tiempos de Covid.

La diputada sostuvo no tener conocimiento de esta propuesta, además de declarar abiertamente que no la apoya, por lo que en breve presentará un exhorto ante el pleno del Congreso para solicitar al director del Imoveqroo, Jorge Pérez Pérez, para que reconsidere este cobro y pueda dar marcha atrás en beneficio de este sector del transporte.

Consideró que, al no tener un fundamento claro en la ley, la medida desataría una “lluvia” de amparos y hasta movilizaciones de protesta, por lo que pidió que se analice y que pueda prevalecer el diálogo y el entendimiento entre ambas partes.

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