Internacional

Encuentran muerto al fundador del antivirus McAfee en una prisión de Barcelona tras aprobarse su extradición a EU

La Audiencia Nacional había dado este miércoles luz verde a su extradición a Estados Unidos

El Departamento de Justicia de Cataluña ha informado a última hora de este miércoles que han encontrado muerto en su celda a John McAfee, fundador de la famosa empresa de software de antivirus McAfee después de haberse suicidado según los primeros indicios justo el día que se ha aprobado su extradición a Estados Unidos. 

Los servicios médicos del Cetro Penitenciario de Brians 2 han intervenido para realizar maniobras de reanimación, pero no han podido más que certificar su muerte. 

McAfee, de 75 años, había ingresado en prisión el pasado 4 de octubre de 2020 por orden de la Audiencia Nacional y después de ser detenido en nuestro país cuando se disponía a coger un vuelo a Estambul y desde entonces se hallaba en prisión preventiva puesto que se habría defraudado más de 13 millones de dólares a través de promociones fraudulentas en Twitter. 

La Audiencia Nacional había autorizado este miércoles su extradición

Este mismo miércoles la Audiencia Nacional había dado luz verde a su extradición. En un auto, al que ha tenido acceso Efe y que podía ser recurrido, la Sección segunda de lo Penal había autorizado la entrega por los hechos relativos a los ejercicios 2016, 2017 y 2018, por los que se mostró favorable la Fiscalía.

Pero no así con respecto a los correspondientes a 2014 y 2015, por los que también le reclamaba la Justicia estadounidense, dado que en España serían constitutivos en todo caso de infracción administrativa.

En contra de la tesis de la defensa, el tribunal había descartado que hubiese indicios de «persecución motivada por cuestiones políticas, de ideología o similares» dado que, «más allá de las alegaciones verbales» de McAfee, no se ha aportado «indicio alguno revelador» de que pudiera estar sometido a ella.

Sin embargo, McAfee había asegurado haber pagado «millones de dólares en impuestos» y ser víctima de una persecución política por haber denunciado corrupción en la agencia tributaria. Según la Audiencia no existía «prueba acreditativa de que tal cosa pudiera estar sucediendo».

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