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La Suprema Corte acumula más de una decena de casos pendientes sobre las reformas de López Obrador

Crecen las críticas por el bloqueo de la agenda del máximo tribunal, controlada directamente por el presidente, Arturo Zaldívar, en el centro de la polémica tras la extensión de su mandato

Ya se ha convertido en parte de la agenda habitual de la actualidad política. Es rara la semana que no se anuncia la impugnación a la Suprema Corte de alguna de las reformas de Andrés Manuel López Obrador. Los dos años y medio de sexenio se han traducido en una actividad frenética en el parlamento, donde Morena tiene mayoría en ambas cámaras. El rodillo legislativo del partido del Gobierno ha dejado poco margen de maniobra a la oposición que, junto a instituciones públicas afectadas por las reformas, ha aumentado el uso de la vía de judicial. Esta misma semana saltaron dos nuevas llamadas al Supremo. El martes, el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) presentó una acción de inconstitucionalidad contra el padrón de datos biométricos de los usuarios de telefonía móvil. Antes, la oposición había anunciado que ya prepara otra acción de inconstitucionalidad contra la polémica extensión del mandato del presidente Arturo Zaldívar, en el centro del huracán de las críticas que apuntan a la creciente politización del máximo tribunal mexicano.

Desde que arrancó el sexenio las impugnaciones ya suman más de una decena, entre ellas, la ley que ha puesto en marcha la Guardia Nacional, el decreto que blinda la entrega de las labores militares al Ejército, la ley que creaba los superdelegados, la reforma eléctrica o el Tren Maya. Ninguno con fecha prevista siquiera para su discusión, avivando las críticas por un supuesto congelamiento de los grandes casos en beneficio de los tiempos políticos del Gobierno.

“Existe un amplio espacio de discrecionalidad dentro de la Corte para elegir la prioridad de la agenda, que está en manos del presidente. Es una cuenta pendiente que tiene que ver con la transparencia y la regulación de criterios para los plazos de resolución. Pero también es cierto que ha sucedido siempre. Solo que ahora se ha exacerbado porque hay muchas políticas bajo el escrutinio de la corte”, afirma el abogado Jorge Peniche, especialista en litigar cargos en la Corte y codirector de la organización Justicia Transicional en México.

Existen tres vías de llegada de un caso al máximo tribunal. Solo una, los juicios de amparo, el recurso de defensa de derechos fundamentales, cuenta con una regulación de plazos: tres meses desde la notificación a las partes que el recurso ha sido aceptado. Y pocas veces se cumplen, según los juristas consulados. Los otros dos, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, las vías más utilizadas para impugnar las leyes y reformas del Gobierno, dependen enteramente del criterio del presidente del pleno o las salas, y de momento, siguen atascados. Para el profesor del ITAM y experto en la intersección entre política y derecho Julio Ríos “es notorio que durante el mandato de Zaldívar los casos grandes que se le imputan a la Cuarta Transformación no han sido listados, no ha sido siquiera discutidos. Parece haber una intención en retrasar estos temas”.

Las críticas que señalan una ralentización de la agenda de la Corte han arreciado porque existen casos que ya están, digamos, en la bandeja de salida. Es decir, el ministro de turno ya ha analizado el asunto y ha presentado el llamado proyecto de resolución. El siguiente paso es su entrada en la lista de espera del pleno o en alguna de las dos salas para ser debatido y votado. Ahí es donde aparece el cuello de botella, en la discrecionalidad de los presidentes. Zaldívar, en el pleno y en las salas, dos de los tres jueces designados por el Gobierno de Morena: Ana Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa.

“Llama la atención el tema de los superdelegados, que lleva más de dos años sin resolverse y tiene una clara naturaleza electoral”, añade Peniche. En enero de 2019, la corte admitió cuatro recursos de inconstitucionalidad contra la ley que establecía esta polémica y poderosa figura política creada por López Obrador para gestionar directamente los programas sociales en los distintos Estados del país. La Corte, en una de las últimas decisiones antes de comenzar la presidencia de Zaldívar, admitió las denuncias que subrayaban su “amplio margen de discrecionalidad para operar y crear su propia estructura en torno a los programas que entregan beneficios sociales directos a la población”. Dos años y medio después y en vísperas de los comicios más grandes de México, que renovarán ambas cámaras y 15 gubernaturas, no hay pistas de cuándo llegará la resolución.

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