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Nueva subcontratación genera incertidumbre en patrones y empleados, afectando el empleo

México es el cuarto país donde más personas trabajan vía subcontratación, según la Confederación Mundial de Empleadores

Mientras el proceso para limitar la subcontratación laboral en el país avanza, las dudas en torno a la generación de empleo formal y la recuperación de las empresas en 2021 crecen.

El pasado lunes representantes del Gobierno federal, líderes empresariales y sindicales acordaron continuar con el proceso legislativo para prohibir el outsourcing y regular la subcontratación de servicios especializados distintos al objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante.

También se estableció que la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo integre la posibilidad de generar un padrón de empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como un plazo de tres meses para integrar a la nómina del patrón real a todos los trabajadores subcontratados.

Sin embargo, bajo la sombra del paro económico y la crisis laboral que generó la pandemia por COVID-19, surgen dudas en torno a si la nueva legislación impactará de manera positiva las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos y permitirá a las empresas llevar a cabo cambios en sus nóminas.

Incluso preocupa que la limitación de la figura del outsourcing genere un aumento de la informalidad laboral a través del pago por honorarios o la liquidación de empleados subcontratados para integrarlos sin contrato en las mismas empresas para las que trabajan.

“Lo único que puede detener (la irregularidad laboral de los trabajadores) es una adecuada supervisión, vigilancia y sanción a las empresas que tengan este tipo de prácticas (…) Cada día el trabajo formal cuesta más dinero, hoy por hoy cuesta 35 centavos por cada peso bruto ganado, pero con el aumento patronal a las pensiones de aquí a 2030 se va a incrementar a 44 por ciento”, explica Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF).

  • El especialista insiste que, además de la subcontratación, las estrategias para evadir el pago de cuotas obrero patronales por parte de los empresarios o cumplir con los costos sociales de los trabajadores, han permeado en el mercado laboral, en gran medida porque nunca se aplicaron las normas actuales en materia de tercerización.
  • Una encuesta de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) publicada en la primera quincena de marzo de 2021, confirma la baja probabilidad de que los empresarios integren a sus trabajadores a la nómina.

Aproximadamente 60 por ciento de los dueños de empresas encuestados señalan que en caso de que se elimine la figura de subcontratación integrarían a sus empleados por honorarios o asimilados a salarios.

“Tenemos alrededor de cuatro millones de personas subcontratadas (en el país) pero existe el riesgo de que se integren a las filas de la informalidad (…) no se están cerrando las posibilidades de la informalidad laboral en el país con esta propuesta de reforma”, explica Héctor Márquez, director de relaciones institucionales de ManpowerGroup.

El especialista además agrega que de los 2.7 millones de empleadores que hay en el país, aproximadamente un millón paga la seguridad social de sus empleados.

“La mayoría de los empleadores no pueden pagar la seguridad social, sobre todo los micro y pequeños que han tenido más dificultades en esta situación económica, no tienen para decir: yo te contrato con todo”, explica.

  • La pandemia afectó a 85.1 por ciento de las empresas mexicanas con la disminución de sus ingresos, la caída de la demanda y la escasez de insumos o productos.
  • Además, únicamente 5.9 por ciento reporta haber recibido algún apoyo por parte del gobierno o cámaras empresariales, de acuerdo con la Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por las Empresas (ECOVID-IE 2020), elaborado por el INEGI.

El análisis y discusión en el Congreso de la Unión de la iniciativa de reforma para limitar el outsourcing se detuvo desde su presentación en noviembre de 2020 a petición de grupos empresariales con el objetivo de generar una discusión informada y con todos los involucrados en el mercado laboral, sin embargo, los acuerdos de esta semana ocurren entre élites empresariales, sindicales y el gobierno, advierte Leñero.

En específico, acusa que el acuerdo sobre el tema de reparto de utilidades en el que se crean dos modalidades atiende a los intereses de empresas de uso intensivo de capital.

“Hay empresas que por su magnitud si repartían las utilidades como es correcto y generaban una cantidad equivalente a un año, pero lo que están haciendo estas modificaciones es limitarlo a 90 días de reparto”, explica.

México es el cuarto país donde más personas trabajan vía subcontratación, según la Confederación Mundial de Empleadores (WEC, por sus siglas en inglés). Frente a la inminente segunda regulación de esta forma de empleo, Bettina Schaller, presidenta del organismo, advierte tres puntos a tomar en cuenta: la definición clara de los diferentes esquemas, el registro de empresas y el involucramiento de los sindicatos.

“Como sector, estamos absolutamente a favor de la regulación de empresas privadas de empleo”, señala en entrevista. Y totalmente en contra de las formas ilegales de outsourcing: “es inaceptable, no podemos permitir que ningún trabajador o trabajadora labore en situación precaria”. El “Reporte Económico 2021” de la confederación indica que antes de la pandemia de Covid-19 más de 61 millones de personas “fueron colocadas en el mercado laboral” por agencias en 40 países. El acceso al trabajo por agencias es una de las tres formas de subcontratación que la WEC toma en cuenta.

  • Estados Unidos es el país con mayor número de personas subcontratadas a través de ese esquema. En dicho país 16 millones de trabajadoras y trabajadores fueron contratados por agencias y no por las empresas en las prestaron sus servicios.
  • China es el segundo lugar, con 11.7 millones. El tercer lugar es Japón que, con casi 4.8 millones no está muy alejado de México, que ocupa el cuarto sitio con casi 4.7 millones de trabajadoras y trabajadores bajo el modelo de terciarización.

Según el informe, en 2019 la industria de servicios de empleo tuvo un valor 495,000 millones de euros a nivel global, 5% más que en 2018. Las diferentes formas de subcontratación aportaron más de 396,000 millones de euros, el 80% del total. Sin embargo, para el primer semestre de 2020, la covid-19 bajó 18% las ganancias de todo el sector.

La subcontratación, bajo formas justas, puede ser “clave para volver al mundo del trabajo” en esta crisis por la pandemia, opina Bettina Scheller. Es también una manera de que la población joven acceda a su primer empleo o que las mujeres que así lo necesitan logren un contrato flexible, agrega. En los países en los que funciona bien esta modalidad hay un marco legal claramente definido, dice. Este modelo tiene “dos o tres formas de contrato”, según el país del que se hable.

El Gobierno federal, empresas y sindicatos acordaron un plazo de tres meses para que empresas contraten directamente en la nómina a los trabajadores que tienen bajo esquema de outsourcing, y convinieron la creación de dos modalidades para el cálculo de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).

“Los acuerdos alcanzados comprenden el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real”, indicó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) este lunes, luego de la reunión que los sectores tuvieron a mediodía en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La dependencia señaló que entre los acuerdos se encuentra mantener la prohibición de la subcontratación en la Ley Federal del Trabajo (LFT) tal y como lo propuso el presidente en su iniciativa de reforma del outsourcing.

  • Otros acuerdos son la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante, así como el registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializados, y la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento.
  • Adicionalmente, se llegó a un acuerdo sobre el tema de PTU para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, creando dos modalidades para el cálculo del reparto.
  • La STPS no precisó la fórmula, pero afirmó que con ella se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento del 156 por ciento en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores.

En noviembre del año pasado el presidente López Obrador presentó una iniciativa para regular la subcontratación “y erradicar sus abusos”.

En diciembre se suscribió en Palacio Nacional un acuerdo tripartito para que a partir de ahí se discutiera con los sectores involucrados la iniciativa y los posibles efectos que traería en el reparto de utilidades.

“Después de tres meses de diálogo, mediante mesas de trabajo y foros se lograron atender las preocupaciones de los sectores en ambas materias (…) Los acuerdos serán entregados a la Cámara de Diputados para que, en su caso, puedan ser considerados por los legisladores para la aprobación de la reforma de outsourcing”, apuntó la STPS./

Agencias-PUNTOporPUNTO

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