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Reforma a la ley de hidrocarburos abre la puerta a expropiaciones arbitrarias, advierte Romero Hicks

Romero Hicks criticó que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados se apresurara a discutir la reforma en menos de una semana y sin admitir modificaciones al texto original que envió el presidente López Obrador.

La reforma a la ley de hidrocarburos que propuso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abre la puerta a las expropiaciones arbitrarias, afirmó este domingo el diputado del PAN, Juan Carlos Romero Hicks.

En un comunicado, el panista indicó que las modificaciones también afectarían las inversiones en materia energética, además, “deja en peligro constante la seguridad nacional”.

Romero Hicks criticó que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados se apresurara a discutir la reforma en menos de una semana y sin admitir modificaciones al texto original que envió el presidente López Obrador.

“Esta propuesta tiene una concepción distorsionada e incurre en el error de ideologizar el papel de las empresas como Pemex, colocándolas por encima del interés de los mexicanos con la calidad de monopolios, cuyo mantenimiento nos costará muchos impuestos a esta y las siguientes generaciones”, advirtió. 

El diputado del PAN también alertó que la reforma a la ley de hidrocarburos provocará una serie de recursos legales como ocurrió con las modificaciones a la ley de la industria eléctrica, que fue suspendida a unos días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“En momentos como el actual donde se requiere de la inversión para crear empleos y reactivar la economía el presidente López Obrador y su grupo mayoritario atentan contra los principios de legalidad, seguridad jurídica y competencia económica”, señaló.

Agregó que los legisladores del PAN no acompañarán la “falsa oferta de combatir la corrupción con simulaciones que francamente afectan a las familias mexicanas y al sector productivo nacional”.

“No estamos de acuerdo y nunca vamos a validar que se pongan en riesgo los capitales legalmente invertidos y administrados por las empresas (…) no vamos a aceptar que se viole una vez más la Constitución ni los compromisos internacionales”, concluyó.

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