Internacional

Van otra vez sobre exoficial mayor de PGR

En la PGR, Muñoz también fue Directora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, puesto en el cual pagó 92 millones de pesos para 17 sistemas tecnológicos

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició un procedimiento de responsabilidad contra Guillermina Muñoz Soto, exdirectora general adjunta de Finanzas del Banco del Bienestar, quien previamente fue oficial mayor de la PGR al final del sexenio de Felipe Calderón.

La SFP busca sancionar a Muñoz porque en julio de 2016, en lo que entonces era el Banco de Ahorro Nacional y de Servicios Financieros (Bansefi), autorizó recursos hasta por 825 millones de pesos para un servicio que ya tenía un contrato vigente.

En 2017, la PGR acusó a Muñoz por un fraude fiscal de 2.1 millones de pesos, relacionado con la compra de una casa de 8.7 millones de pesos en Jardines del Pedregal en 2012 que fue financiada parcialmente por el empresario Alejandro Puente, precisamente cuando era Oficial Mayor de la Procuraduría.

La orden de aprehensión por dicho fraude está vigente, luego que un tribunal colegiado de circuito negó un amparo a la ex funcionaria, quien no ha sido detenida.

«Usted, como área requirente suscribió indebidamente una justificación del plazo de la contratación; lo que resulta presuntamente injustificadas, toda vez que se contaba con un proveedor que otorgaba el mismo servicio desde el año 2011 y que contaba con un contrato vigente del 2014 hasta 2017, por lo que es evidente que en ningún momento se actuó apegado a derecho el emitir dicha solicitud», dice el citatorio de la SFP, notificado por edicto el 4 de noviembre.

«Presuntamente no se cumplió con las ventajas económicas aludidas, y de la misma manera las ventajas de operación, ya que se estaba cumpliendo con el contrato vigente DJ-SCC-2C.19.06-2014-208, celebrado con el proveedor Fideicomiso No. F/00185, causando un daño económico a la institución por una contratación duplicada, lo mismo en el servicio, como en el tiempo de duración de ambos contratos», agrega el citatorio.

El proveedor mencionado es FIMPE Fideicomiso, que tenía un contrato de septiembre de 2014 a mayo de 2018, de 345 millones de pesos, para dispersar recursos de programas sociales del Gobierno.

Muñoz era en esa época Directora General Adjunta de Tecnología y Operación de Bansefi, y autorizó los 825 millones sin opinión favorable de la Dirección General de Finanzas.

En la PGR, Muñoz también fue Directora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, puesto en el cual pagó 92 millones de pesos para 17 sistemas tecnológicos, contratados por adjudicación directa en junio de 2012 con la empresa La Red Corporativo.

En el sexenio pasado, en 2017, PGR también solicitó la aprehensión de Muñoz por uso indebido de atribuciones y facultades, derivado de esta compra, pero el Poder Judicial rechazó la acusación.

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