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A 6 años de Ayotzinapa: contrastan versiones del caso con EPN y AMLO

El caso tomó un rumbo distinto con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, quien en su campaña electoral de 2018 tomó como bandera y promesa el conocer realmente qué sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala

Este 2020 se cumplen 6 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa en Guerrero. El caso tomó un rumbo distinto con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, quien en su campaña electoral de 2018 tomó como bandera y promesa el conocer realmente qué sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, ante las dudas sobre la llamada “verdad histórica”, como se le conoció a la versión oficial brindada por la Procuraduría General de la República (PGR) en el gobierno de Enrique Peña Nieto sobre un caso que sigue sin resolverse y continúa causando indignación ante las dos versiones que hoy en día se contrastan a seis años de ocurridos.

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Gobierno de AMLO busca romper con “verdad histórica”

Con la entrada del nuevo gobierno y conforme se iniciaron las investigaciones, las versiones en torno a lo que sucedió el 26 de septiembre en Iguala han seguido pistas que se dice se ignoraron en la pasada administración y en voz de las autoridades encargadas ahora de las investigaciones buscan terminar con la “verdad histórica” que se construyó con Peña Nieto y que dejó dudas sobre lo que realmente ocurrió.

De esta manera, AMLO giró la instrucción a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, hacerse cargo del caso mediante la creación de la Comisión de la Verdad y con la ayuda de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, a cargo de Omar Gómez Trejo, quien el pasado 7 de julio de 2020 reportó el hallazgo de restos óseos en un punto conocido como Barranca de la Carnicería, Ejido de Cocula, con lo que se permitió la identificación de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, el tercer estudiante desaparecido del grupo de 43 normalistas cuyo paradero aún se desconoce.

Con los últimos reportes entorno a la investigación y las órdenes de aprehensión que solicitó la Fiscalía General de la República en contra de 46 exservidores públicos, sumada a la que se giró en contra de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y encargado de la primera investigación sobre la desaparición de los 43, abren un nuevo paréntesis en el caso que confirmarían o no un involucramiento de las autoridades en la desaparición forzada de los jóvenes estudiantes. Además se añade la detención de José Ángel Casarrubias Salgado, el Mochomo, presunto líder de la banda Guerreros Unidos (grupo criminal señalado de la desaparición) y quien según la FGR ordenó la privación de la libertad y de la vida de los 43 estudiantes.

43 normalista habrían sido calcinados en varios puntos

Para 2019, ya FGR, a través de la fiscal especial en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, así como del fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, iniciaron nuevas investigaciones por diversos delitos que no habían sido tramitados, según dijo Gertz Manero por desaparición forzada de las víctimas y delincuencia organizada, así como el verdadero paradero de las personas desaparecidas. De las nuevas diligencias realizadas se pudieron recabar nuevos datos y trazar una cronología de los hechos ocurridos que abrirían la pauta para desechar la llamada versión histórica, refutando la versión que los jóvenes 43 de Ayotzinapa habrían sido incinerados, pero no en el basurero municipal de Cocula como se dijo en su momento, sino en varios puntos de la zona.

“La información detallada de todo el trabajo realizado que ha permitido identificar esta desaparición forzada y las conductas de delincuencia organizada correspondientes, el Fiscal de Ayotzinapa, Maestro Omar Gómez Trejo, habrá de hacer una referencia pormenorizada conforme la autoridad judicial nos lo vaya permitiendo. Para que esta nueva etapa se maneje con absoluta transparencia y con toda legalidad. Se acabó la verdad histórica”, sentenció Gertz Manero en un mensaje a medios el pasado 30 de junio.

De acuerdo con Excélsior, que tuvo acceso a parte de la indagatoria de la FGR, en la nueva investigación se argumenta que los 43 normalistas de Ayotzinapa “fueron separados en varios grupos; ejecutados extrajudicialmente y sus cuerpos incinerados en distintos lugares”, pero ninguno de esos sitios es el basurero de Cocula.

Dicha postura se sostiene por las diligencias realizadas donde fueron localizados restos óseos en distintos sitios que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, además se incorporarán una serie de ‘informaciones reservadas’ que la CNDH entregó a la PGR a partir de las parte de las investigaciones realizadas por el órgano autónomo “y a partir de las cuales obtuvo pruebas con las cuales forjó una narrativa de los hechos diferente a la verdad histórica del gobierno anterior. Aunque fue soslayada y su recomendación archivada, ya que no es vinculante”.

Entre los puntos que la investigación de la FGR desarrollará está una probable segunda ruta de desaparición de los normalistas, en el Puente del Chipote. En total, son al menos 18 sitios investigados y en los cuales se localizaron restos óseos. Además, en su informe plantea la intervención no solo de policías de Iguala y Cocula, sino también de Huitzuco, Tepecoacuilco, Taxco en los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Pero ¿y la verdad histórica?

La “verdad histórica” como se le conoce a la versión que dio la PGR de Murillo Karam en 2015, surge por una frase del entonces procurador general al presentar el resultado de las indagatorias a un año de lo ocurrido: «Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente», dijo.

Según la versión oficial, que dio a conocer la PGR, es que el 26 de septiembre de 2014 los jóvenes estudiantes habrían ido a Iguala con la idea de tomar algunos autobuses para viajar a Ciudad de México a una protesta; sin embargo, por la noche fueron interceptados al ser confundidos como miembros de grupo criminal Los Rojos, adversarios de los Guerreros Unidos, a quienes se les adjudica su desaparición.

Según las autoridades mexicanas, los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero en Cocula por narcotraficantes del Cartel Guerreros Unidos en confabulación con la policía y el alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, principales responsables de la desaparición de los jóvenes.

La versión oficial dice que tras la incineración de los 43 jóvenes, los restos fueron arrojados en bolsas de basura al río San Juan, cerca del tiradero. Sin embargo, las versiones sobre la muerte de los 43 jóvenes generó muchos cuestionamientos, luego de las investigaciones por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), y los cuestionamientos a ocultamiento de pruebas e irregularidades en la detención de los presuntos implicados en el crimen por parte de las autoridades encargadas de las indagatoria.

FUENTE: POLÍTICO MX

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