Chetumal

En la mira del gobierno federal, 16 empresas de outsourcing

Según las estimaciones de la autoridad fiscal, presuntamente facilitaron la evasión de alrededor de mil 200 millones de pesos en impuestos, sólo en 2018

El Gobierno Federal tiene en la mira a 16 empresas de outsourcing que permitieron a más de 300 empresas de Quintana Roo subcontratar empleados con la única intención de evadir responsabilidades fiscales.

De acuerdo con información de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria de Cancún, desde 2019, están detrás de un grupo de empresas que ofrecen servicio de outsourcing, que el SAT cataloga como ilegal.

Según las estimaciones de la autoridad fiscal, presuntamente facilitaron la evasión de alrededor de mil 200 millones de pesos en impuestos, sólo en 2018. En los próximos días las autoridades darán a conocer la lista detallada de esos negocios.

En el documento, al cual tuvo acceso Novedades Quintana Roo, resalta Employmant Human Capital Sociedad Anónima de Variable, que según el SAT subcontrata a más de 8 mil trabajadores en Quintana Roo. Durante la pandemia despidió a casi la mitad de ellos lo que encendió las alarmas de las autoridades.

Business Art Group es otra de las empresas investigadas por la unidad de inteligencia del SAT. Desde sus oficinas en el edificio Spectrum, atrajeron la atención de las autoridades fiscales porque, afirman las investigaciones, permitieron a 22 empresas evadir más de 150 millones de pesos en cuotas patronales ante el IMSS.

Estas y otras 14 compañías, en investigación, operan principalmente en Cancún y Playa del Carmen.

Recientemente, el procurador fiscal de la República, Carlos Romero Aranda, informó en una conferencia de prensa que las sanciones contra este tipo de “pagadoras” podrían alcanzar hasta los 20 años de prisión, si se les comprueban los delitos.

El ousoursing funciona de la siguiente manera: una empresa contrata a una “firma” o agencia para manejar su nómina a un costo mucho menor de lo que supondría encargarse por sí misma, ya que se evita gastar en todo un departamento encargado de pagar los salarios, correr con gastos con seguridad social, fondo de pensiones, etc.

En principio no es ilegal esta práctica. De hecho está permitido desde el 2009. Pero se convierte en una evasión fiscal cuando la “firma” registra a los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con un salario mucho menor al que en realidad perciben, afectando las cotizaciones del empleado y con ello sus prestaciones de vivienda, pensión, aguinaldos y, en caso de ser despedidos, su finiquito.

En el caso de Quintana Roo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estima que el 34 por ciento de los 510 mil quintanarroenses que trabajan en el mercado formal se encuentran bajo este esquema de subcontratación, colocando a la entidad con el mayor porcentaje de personal que opera de esta manera.

Para algunos, “esta cacería» pone en una situación complicada a cientos de empresas en la entidad que utilizan el outsourcing para minimizar sus gastos.

Javier Garreta, contador público especialista en asuntos fiscales, explica que si “caen” esas pagadoras, los empresarios que las contrataron no tendrán el tiempo ni el recurso suficiente para hacer los ajustes administrativos necesarios para hacerse cargo de su nómina.

“Tendrán que invertir en un área de recursos humanos, contratar especialistas que pongan todo en orden ante el IMSS, el SAT y otras instancias. Es un gasto exorbitante que en una situación normal no tendría mayor problema. Pero apenas estamos saliendo de una cuarentena que obligó a varios de estos negocios a cerrar sus puertas, lo que representó millones de pesos en pérdidas para la economía del estado”, explica.

“Poner todo en orden podría tardar hasta seis meses, pero necesitan reactivarse ahora. Sin embargo, la buena noticia es que pueden contratar a una pagadora que sí se encuentre en orden. Hasta ahora, solo unas cuantas firmas acaparaban la mayoría de las subcontrataciones en el estado; pero existen muchas más que cumplen con todos los reglamentos de ley. Mientras no se declare ilegal este modelo, podrán seguir utilizándose sus servicios”, puntualizó.

FUENTE: SIPSE

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