Cancún

Abogados en Quintana Roo anticipan conflictos legales por pago de utilidades

El presidente del organismo, Héctor Sarti Pérez, asegura que no hay justificación por parte de las empresas en el estado para no pagar esta prestación

Cancún.- La Barra de Abogados de Quintana Roo anticipa un conflicto legal en puerta ante la obligación de las empresas de pagar a más tardar el 30 de mayo las utilidades correspondientes al 2019.

El presidente del organismo, Héctor Sarti Pérez, asegura que no hay justificación por parte de las empresas en el estado para no pagar esta prestación, pues ésta se deriva de los ingresos generados en el 2019, previo al inicio de la pandemia de Covid-19.

“El reparto de utilidades correspondiente al ejercicio fiscal del 2019,  se ha vuelto punto de controversia de intereses en el sector obrero-patronal en cuanto a su pago oportuno, derivado de la emergencia sanitaria del Covid-19 por la que atraviesa el país; no obstante dicha remuneración en términos de la legislación laboral debe entregarse a los trabajadores antes del próximo 31 de mayo en el caso de empresas; mientras que las personas físicas con actividad empresarial o patrones, tienen hasta el 29 de junio del 2020, para entregar dicho beneficio a sus empleados.Todos los patrones que obtuvieron ganancias en el último año tienen la obligación de repartir 10% de esas utilidades entre los trabajadores que contribuyeron a generarlas y los empleados cuentan con el plazo de hasta un año para reclamar su pago”, expuso el abogado Sarti Pérez.

Independientemente de la emergencia sanitaria, no se cancela ni se suspende su pago, aún cuando en este momento las empresas tengan problemas de liquidez, por causas relacionadas a la pandemia, en el entendido que fueron generadas en el ejercicio fiscal 2019 (del 1 de enero y el 31 diciembre del 2019), insistió.

En caso de negativa por parte de las empresas, están previstas en la ley multas que van de 250 a 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalentes entre 21,720 a 434,400 pesos, sin perder de vista que dichas sanciones se incrementaran con base al número de empleados que tenga la fuente de trabajo y les sean vulnerados sus derechos, lo que implica un incremento a dicha sanción”.

Agregó que esta prestación es un derecho incluso para aquellos trabajadores que fueron despedidos durante la actual contingencia, por lo que también es obligación de los patrones contactar a sus ex empleados para pagarles esta prestación.

Sarti Pérez recordó que son casi 80,000 empleos los que se han perdido en los últimos dos meses y medio y se anticipa que habrá muchas denuncias por falta de pago, pues las empresas están alegando insolvencia para cumplir con esta obligación.

El gobernador, Carlos Joaquín González, reconoció recientemente que pese a haber firmado un acuerdo con las empresas para mantener el mayor número posible de empleos en la entidad, en los hechos ha sido imposible que las empresas cumplan, pues el turismo se cayó a prácticamente cero y las empresas no tienen recursos para mantener sus plantillas laborales.

La secretaria del Trabajo en el estado, Catalina Portillo, informó que algunas empresas pudieron adelantar el pago de esta prestación, pero se encuentran realizando inspecciones para verificar que las empresas cumplan, pues coincidió con el abogado Sarti Pérez en que es una obligación su pago oportuno a pesar de la crisis.

FUENTE: EL ECONOMISTA

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