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Gobierno de AMLO gasta tres veces más en renta de autos respecto a último año de EPN

En el primer año de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal gastó tres veces más recursos para la renta de automóviles que en el año anterior, el último de la administración de Enrique Peña Nieto.

La contratación pasó de mil 932 millones de pesos en 2018 a 6 mil 443 millones de pesos en 2019. Lo que significa un incremento de 233%, de acuerdo con información de los contratos reportados en Compranet, la plataforma donde, por ley, la administración Federal debe publicar todas sus contrataciones.

La empresa Jet Van Car Rental resultó ser la más beneficiada en este sector en 2019, al sumar una centena de contratos por 3 mil 150 millones de pesos. Se ubicó como la cuarta compañía con el mayor monto ganado en toda la administración pública, sólo por debajo de tres empresas farmacéuticas que proveen medicamentos al sistema de salud del país.

En 2018, ésta no estaba entre las principales contrataciones del Gobierno Federal pues sólo hubo mil 932 millones de pesos en contratos con la clave de compra “3250” correspondiente a “arrendamiento de automóviles”.

Una de las dependencias con mayor gasto en arrendamiento de autos en 2019 fue la Secretaría de Bienestar con mil 295 millones de pesos, lo que significa 27% del total de sus contrataciones de ese año.

De hecho, los dos contratos más onerosos de la dependencia dirigida por María Luisa Albores fueron para dicho rubro. El primero por 630 millones de pesos con la empresa Casanova Vallejo y el segundo por 345 millones de pesos con Lumo Financiera del Centro.

Al preguntarle a la dependencia por este aumento, el área de comunicación social de Bienestar explicó que se trata de servicios necesarios para operar la entrega de recursos en efectivo de programas sociales, y al incrementar el número de beneficiarios, también aumentó la necesidad del servicio para el reparto.

Las compras consolidadas

La contratación del arrendamiento de autos fue una compra consolidada realizada desde la Secretaría de Hacienda en 2019 para proveer el servicio de 6 mil 494 vehículos para 101 dependencias y organismos del Gobierno Federal. Aunque también se consultó dependencia y Presidencia por el aumento en este servicio, no hubo respuesta.

En la licitación, número LA-006000998-E170-2019 para lo contratación del “arrendamiento de transporte vehicular terrestre dentro del territorio nacional” durante 36 meses, Hacienda escogió a 7 empresas que ganaron contratos por un mínimo de mil 178 millones de pesos y un máximo de 2 mil 946 millones de pesos, según datos del fallo, es decir, el documento donde se informó las empresas ganadoras.

Según un boletín emitido por Hacienda en septiembre de 2019, esto significó un ahorro de 74 millones 600 mil pesos por mes, tomando como base las cantidades de vehículos, así como de los precios reportados al cierre de la administración anterior. Lo que significaría “un ahorro de más de 2 mil 686 millones de pesos en tres años”.

Sin embargo, Animal Político analizó la base de datos de Compranet y filtró los contratos con la clave de compra “3250”, correspondiente al arrendamiento sin incluir la renta de ambulancias, hubo 516 contratos con un monto total de 6 mil 763 millones de pesos, cantidad superior a la compra consolidada de Hacienda, lo que implica que las dependencias hicieron contrataciones adicionales.

Las empresas

Al analizar los contratos por compañía, Jet Van Car, S. A. de C. V., propiedad del empresario Cuauhtémoc Velasco, resultó la más beneficiada con 101 contratos, de los cuales, 74% son adjudicaciones directas, es decir, las dependencias las eligieron directamente sin ponerla a competir.

Aunque ha sido proveedora del gobierno desde 2005, sumó 3 mil 150 millones de pesos en 2019, lo que significa su mejor año de contratación, superando incluso el 2015, cuando obtuvo 2 mil 715 millones de pesos. Y el aumento con respecto a 2018 –cuando ganó 280 millones de pesos en 45 contratos– fue de 1,025%.

Sin embargo, Jet Van Car ya tuvo retrasos en el cumplimiento del servicio con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), por lo que se prevé imponerle una sanción contratos según reportó el periódico El Heraldo. 

Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló otros irregularidades en un contrato con esta empresa y Casanova Vallejo con el IMSS para el arrendamiento de ambulancias en 2018, pues las unidades “no cumplían en su totalidad con los términos de entrega establecidos en los contratos”.

Por ejemplo, 279 unidades no cumplieron con las placas requeridas para ambulancia y presentaron tarjeta de circulación vencida y 99 no tenían llantas de refacción, tuvieron extintores vacíos o caducos, no contaron con la base de camilla móvil; “y se observó que no se recibieron ambulancias sustitutas de aquellas que se enviaron a taller y ambulancias que se enviaron a reparación a taller regresaron con las mismas fallas”.

La segunda empresa más beneficiada con contratos en 2019 fue precisamente Casanova Vallejo con mil 320 millones de pesos, de los cuales, 837 millones de pesos fue a través de la compra consolidada.

Lumo Financiera del Centro obtuvo 94 millones de pesos y por primera vez, la empresa A2DAHT Healt México, compañía constituida en 2010, fue contratada por la administración pública por 433 millones de pesos.

Jet Van Car, Casanova Vallejo y A2DAHT ganaron la principal partida de la compra consolidada de Hacienda para proveer automóviles Sedan, pese a que otros competidores como la empresa PEYPE de México que intentó convencer a Hacienda para considerar otro tipo de características de los autos para una mejor oferta, pero la dependencia la rechazó.

El 23 de agosto de 2019, durante la junta de aclaraciones de la compra consolidada, PEYPE explicaba que si se consideraba arrendar automóviles Sedan de tres cilindros que cumplían con el resto de especificaciones técnicas y prestaba el mismo servicio, también se podría disminuir considerablemente la emisión de gases contaminantes y el gobierno podría tener ahorros al menos por 75 millones de pesos.

Pese a que en al menos tres ocasiones la empresa pidió a que la respuesta fuera fundamentada, Hacienda se limitó a decir que “las especificaciones técnicas de los vehículos son las requeridas por las participantes para el cumplimiento de sus objetivos; aunado a eso, dichas especificaciones no limitan la participación al existir diversas opciones en el mercado”, por lo que rechazó su propuesta.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO

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